México vive un auténtico clima de terror impuesto por el narco: GEES
+ Los narcos están dispuestos a matar incluso a niños para forzar al Gobierno a que les conceda impunidad que les concedió el gobierno hace años.
+ La violencia de los narcos es creciente. Desde que en 2006 Calderón declaró la guerra a los cárteles, se han registrado casi 23.000 muertes.
+ En oposición, monseñor Carlos Garfias Merlos, rechazó que la violencia de los cárteles sean expresiones de terrorismo. De ahí que lo consideren narco-obispo.
El Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) que asegura ser una asociación privada e independiente, dedicada al estudio y análisis de la seguridad internacional y de la defensa. Publico ayer en su espacio “Eurasia Review” un documento denominado “Terror narco en México”, elaborado por el analista Pedro Fernández Barbadillo
GEES explica que para cumplir con sus fines de investigación, el cuenta con personal y medios propios. La mayoría de los miembros son académicos de diversos campos de procedencia como la historia contemporánea, la ciencia política, las relaciones internacionales, la sociología, la economía y la informática, cuyos planteamientos se complementan con la experiencia y conocimiento de los militares en activo miembros del Grupo.
El documento en cuestión comienza diciendo que en junio pasado, el número de militares de la OTAN muertos en combate en Afganistán ascendió a cien, el más alto desde que comenzó la guerra en 2001.
El mismo mes, el número policías mexicanos muertos en la guerra contra los narcos fue de 98, más cinco soldados. La media de muertos diarios en los seis primeros meses de 2010 en México es de 28; en total, 5.004. Más de la mitad de las muertes se concentran en tres estados: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
El analista agrega que no parece que nada detenga a los delincuentes, como ya hemos contado en otras ocasiones. Los narcos están dispuestos a matar incluso a niños para forzar al Gobierno a que les conceda impunidad de que gozaron hace años.
La violencia de los narcos es creciente. Desde que en diciembre de 2006 Calderón declarase la guerra a los cárteles de la droga, se han registrado casi 23.000 muertes, de acuerdo con un informe elaborado por el propio Gobierno.
En esta guerra, la extrema izquierda, a cuyo candidato, Andrés Manuel López Obrador, derrotó Calderón en las elecciones presidenciales de 2006, se niega a hacer causa común con el Gobierno y los ciudadanos honrados. Esta izquierda sigue negando legitimidad a Calderón e insinúa relaciones entre el Gobierno y algún cártel de la droga. La consecuencia es que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde estos radicales se cobijan, no para de caer en las encuestas.
A finales de junio –sigue diciendo Pedro Fernández Barbadillo- unos pistoleros asesinaron al candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, junto con seis personas más. Se trata del asesinato de un político de más alto nivel desde el cometido en 1994 contra el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio. Pero las balas de los narcos alcanzan a alcaldes, fiscales, abogados, empresarios, simples ciudadanos… Hace un año, en Veracruz fueron asesinados en su casa un jefe policial, su esposa y sus hijos.
El Gobierno ha recurrido al Ejército y la Armada para esquivar a los cuerpos policiales locales debido a la corrupción que hay en éstos. También ha sido detenido más de un candidato a las elecciones de julio por vínculos con el narco.
Lo fácil, ignorar el problema
Como en Afganistán –advierte el analista- casi cuatro años después del comienzo de esta guerra, cabe preguntarse si se está ganando, pero también si el Gobierno federal tenía otra alternativa. El presidente Felipe Calderón pronunció por televisión el 15 de junio un mensaje dirigido a la nación en el que explicaba la evolución del narco-poder:
Durante décadas, el crimen organizado se ocupó casi exclusivamente de traficar drogas hacia Estados Unidos, que era y es todavía el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. Para los criminales, entonces, lo importante era asegurar carreteras y algún cruce en la frontera. Les convenía que nadie los viera. Podemos decir que mantenían un bajo perfil. Sin embargo, desde mediados de los años 90, empezaron también a querer vender droga en México. Ahí empezó poco a poco la violencia porque para controlar el mercado de drogas local y alejar a sus rivales de esos lugares que querían controlar, los delincuentes necesitaban intimidar, no sólo a otros criminales, sino también a las autoridades y a la sociedad. (…) Su acción dejó de ser de bajo perfil, para convertirse en un franco y abierto desafío contra todos. Y esto se agravó en el 2004, cuando en Estados Unidos se levantó la prohibición de vender armas de asalto.
A partir de entonces, para los grupos criminales resultó muy fácil adquirir armamento muy poderoso en Estados Unidos y traerlo a México para sus propósitos criminales. Esta situación rebasó, en algunos lugares, a las autoridades de seguridad y justicia, especialmente a las municipales y a algunas estatales, que no estaban preparadas para enfrentar un problema de esta magnitud y que eran sometidas, muchas veces, mediante la corrupción o la intimidación. Una vez establecidos en un territorio, las bandas y los criminales empezaron a cometer otros delitos, como la extorsión, el secuestro de gente inocente, el control del crimen en la localidad y otros. Al principio, extorsionaban nada más a otros criminales: al que robaba los coches, al que vende el alcohol adulterado, al que vende gasolina robada, pero después comenzaron también a cobrar cuotas de protección o derecho de piso a ciudadanos honestos.
Calderón añadía que, tal como hicieron otros presidentes, a él le “hubiera sido fácil ignorar el problema”, pero entonces México se habría convertido en una repetición de la Colombia de los años 80 y 90, donde los narcos se hacían elegir senadores y pactaban con las guerrillas contra el enemigo común.
El domingo 4 de julio se celebraron elecciones en 14 estados mexicanos, en doce de los cuales se elegía al gobernador, y entre éstos estaban los tres más violentos: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Un ex alto funcionario del Instituto Federal Electoral declaró lo siguiente: “Es la primera vez que la violencia del narcotráfico y del crimen tiene una afectación en los procesos electorales, llevamos con este fenómeno del narcotráfico 20 años en México, y nunca antes había interferido en las elecciones, nunca antes había impedido que se instalaran casillas, nunca antes el Instituto Electoral había tenido problemas para entrar a capacitar”. Se temía que la población no acudiese a votar por miedo, hasta el punto de que la Iglesia católica pidió a los ciudadanos que participasen en las elecciones. El resultado ha sido una tasa de votación conjunta superior al 50%, con la que todos los partidos se mostraron satisfechos; en Tamaulipas, donde se produjo el asesinato del candidato favorito, votó más del 60% del censo.
Otra buena noticia es que el partido del presidente Calderón, Acción Nacional (PAN), no ha sufrido una derrota. El PAN fue capaz de aliarse con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en varios estados gobernados por el PRI desde hace 80 años y ganarlos, como Oaxaca, Puebla y Sinaloa. De acuerdo con los resultados provisionales, el PRI dejaría de gobernar sobre 11,5 millones de mexicanos; obtendría Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, que suman 2,7 millones de ciudadanos. Compensando las pérdidas y las ganancias, el PRI, que anunciaba su victoria en los 12 estados que elegían gobernador, pierde ocho millones de gobernados. De esta manera, las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2012 parecen mucho más reñidas de lo que esperaba el antiguo partido único. Cabe deducir que los mexicanos están del lado de su Gobierno en este combate, que afecta a todos.
¿Se puede vencer?
En Estados Unidos la marcha de la guerra al narco es causa de gran preocupación. No parece que exista el riesgo de que México se convierta en un Estado fallido como Pakistán o Haití, ya que el Gobierno dispone de la voluntad y los medios para luchar contra sus enemigos, pero una prolongación de la actual situación tendrá graves consecuencias, desde la expansión de los cárteles a la huida de cientos de miles de mexicanos que viven en el norte del país al otro lado de la frontera para escapar de la violencia y del empobrecimiento.
El tráfico de drogas existe, en primer lugar, porque un sector amplio de la población de Estados Unidos las demanda. Mientras no se reduzca este mercado, será un negocio cuya rentabilidad compensará el riesgo. En segundo lugar, el Gobierno de Estados Unidos debe impedir el paso de armas de su país a México. Hasta ahora las medidas tomadas por George Bush y Barack Obama no lo han erradicado, debido a las fronteras abiertas entre las dos naciones y a que las mismas avionetas que trasladan los fardos de droga a Estados Unidos suelen regresar cargadas de armas. Por otro lado, la pervivencia del chovinismo inculcado en la población mexicana por la dictadura del PRI hace que exista un rechazo a la presencia directa de militares y policías de Estados Unidos en su territorio.
Que el narcotráfico puede ser derrotado se lo ha demostrado al mundo la Colombia de Álvaro Uribe. El presidente Uribe ha sido capaz en ocho años (2002-2010) de reducir la delincuencia común y el terrorismo político en unas circunstancias mucho peores. Ahora las ciudades de Colombia son menos violentas que Caracas, Ciudad Juárez o Tijuana. Basta copiar con sus métodos. Ahora bien, en México hay dos grandes obstáculos: la inmensa corrupción y el hábito por la violencia, herencia de más de setenta años de dictadura del PRI.
En contraposición a las percepciones de analistas nacionales y extranjeros el debutante arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, monseñor Carlos Garfias Merlos, rechazó ayer en Netzahualcóyotl en donde era pastor diocesano, que los atentados en el Estado de Chihuahua, con un auto bomba, conviertan a México en un país donde priva el terrorismo, por el contrario hay confianza en las autoridades mexicanas por mejorar las condiciones de seguridad.
Cabe señalar que el mitrado Garfias Merlo antes fue obispo de la Diócesis de Altamirano, cuya jurisdicción eclesial abarca territorio de los estados de Guerrero, México y Michoacán, zona esta denominada como el paraíso de los cárteles y en los tiempos en que fue cambiado a Netzahualcóyotl ese triangulo territorial de tres estados experimentaba baños de sangre debido a la guerra que se desató entre los cárteles.
De ahí pues que extraña que monseñor Garfias Merlos diga que las acciones del crimen organizado no son tan graves como otros lo ven. En ciertos medios de la feligresía Garfias ex considerado como un narco-obispo.
En conferencia de prensa, previo a su toma de protesta como Arzobispo de ese puerto, Garfias Merlos lamentó esos hechos violentos suscitados en esa Ciudad fronteriza, sin embargo, confío en las autoridades mexicanas en esclarezca esos hechos violentos que dañan seriamente a la sociedad mexicana.
En el evento, previo a partir de esa localidad, el ex Obispo de Netzahualcóyotl, señaló que es necesario trabajar de forma conjunta entre autoridades y sociedad y para ello la Iglesia Católica está en la mejor disposición para evitar la violencia que se vive en algunos estados del país
Dijo que previo a su toma de posesión dentro del clero católico en el Puerto de Acapulco, como Arzobispo, que si hay violencia en algunas ciudades del país, pero también corresponde a la sociedad en participar en solucionarla. “Hay que ser corresponsables gobierno, sociedad e iglesia para encontrar una solución, sentenció…Y es todo por hoy, después estaremos con ustedes con más de esto y aquello.
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